A diario, cientos de pescadores artesanales se dan cita en el desembarcadero de Parachique (Sechura) para iniciar sus faenas de pesca. Limpian sus botes, preparan sus herramientas y enrumban a altar mar con la firme convicción de traer a tierra las bondades marinas que la bahía ofrece no solo al pueblo sino al mundo.
Actualmente desde Sechura se han enviado más de 14 mil toneladas de concha de abanico durante el último año a diferentes países europeos. Sin duda, la maricultura se ha convertido en una actividad emergente que genera 158 millones de dólares anuales por concepto de exportación y más de 35 mil puestos de trabajo directos e indirectos.
Esta es una de las razones que afirma tener la población sechurana para oponerse a los proyectos petroleros y gasíferos y que –según advierten los dirigentes pesqueros– los llevará hasta los organismos internacionales para defender su fuente de trabajo, ante la desidia de las autoridades de fiscalización ambiental y el favoritismo del gobierno de turno a los proyectos de hidrocarburos.
Es el caso específico del “Proyecto Punta Lagunas”, que pretende ejecutar la empresa de Savia Perú S.A., el cual concibe la explotación del gas seco del fondo marino mediante la instalación de tres tuberías submarinas entre la plataforma SP1A y ES1 (área productora de San Pedro) hasta Punta Lagunas (Tierra).
Ello ha encendido los ánimos y la desconfianza de la población al descubrir operaciones en ambas plataformas sin contar con una licencia social, lo cual podría reactivar el conflicto social que ya dejó como saldo dos muertes en el 2012.
Cuestionado EIA
Según explica el asesor legal del Frente de Pescadores Acuicultores Artesanales (Frepar) Vichayo, Rodrigo Lazo Mendívil, el gobierno estaría priorizando las inversiones privadas en materia de hidrocarburos, poniendo en detrimento los estándares medioambientales.
Esta situación se traduce a lo largo del proceso administrativo para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la petrolera, que habría tenido la injerencia del ex ministro de Energía y Minas (MEM), Eleodoro Mayorga.
Según precisa el abogado, resulta sospechoso que el ex ministro aprobara el EIA un mes después de haber tomado el cargo, a la misma empresa a la cual le brindó el servicio de asesoría a través del estudio Laub y Quijandria, a pesar de las mil observaciones que tenía el estudio.
Incluso, algunas de estas hacían imposible que el procedimiento administrativo continuara. Entre ellas el tiempo de plazo, ya que este proceso ha tardado más de cinco años para favorecer a Savia.
Además, agregó, se vulneró la participación de la ciudadanía, porque no se tomó en cuenta a la comunidad indígena, en este caso la Comunidad Campesina de Sechura (CCSH), propietaria de gran parte de terreno donde se desarrollaría el proyecto.
Ante ello, sostuvo el letrado, es que el gremio pesquero junto a la CCSH mediante recursos legales ha solicitado la nulidad del EIA otorgado a Savia mediante la resolución directoral Nº 083-2014MEMDGAAE.
Armas legales
Entre estos consta la impugnación al proceso de administrativo que aprueba el estudio, la cual ha llegado hasta el Doceavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, donde la denuncia ha sido admitida a trámite.
Además, los comuneros han presentado un recurso de amparo ante el Juzgado Mixto de la provincia de Sechura. Y a pesar que aún no hay sentencia, el caso esta judicializado. Por tanto Savia no podría continuar con el proyecto.
“Porque ninguna administración se tomará la atribución de pronunciarse a favor de proseguir con un proyecto que está en juicio”, enfatizó Lazo.
Para el gremio de pescadores, esta estrategia legal permitirá agotar todas las vías judiciales nacionales, de lo contrario acudirán a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, con sede en Washington (EE.UU.), siempre y cuando los órganos jurisdiccionales nacionales no resuelvan ningún recurso legal interpuesto por los hombres de mar.
Por su parte el ex presidente de la CCSH, Francisco Ayala Chunga, aseguró que de ser necesario los comuneros acudirán hasta el Organismo Internacional de Trabajo (OIT), para salvaguardar su derecho a la consulta previa.
De acuerdo al convenio Nº 169 que suscribió el Estado con el OIT, se debe hacer efectivo el proceso de consulta para conocer la opinión de los comuneros en el marco de un proyecto que afecta directamente sus actividades.
“Es un tema de carácter legal porque los pescadores son también comuneros, por ello cualquier inversión privada debe ser sometida a consulta poblacional. Nosotros tenemos las cosas claras, por eso es que la comunidad mediante resolución ha declarado a la bahía como zona exclusiva de pesca y maricultura”, enfatizó Ayala.
¿Petróleo o Gas?
Sin embargo, pareciera que para la petrolera estas medidas legales no serían impedimento para continuar con sus actividades, ya que según denuncian los maricultores, ya se estaría extrayendo crudo en las plataformas, pues no se explican el traslado diario de varias barcazas a la zona.
La República comprobó in situ el traslado continuo de maquinaria hasta las plataformas, en las cuales se puede observar el tendido de una tubería directa al mar y un cartel que anuncia “No acercarse a menos de 20 metros porque las curvas de líneas están operativas”.
Y es que, según refiere el presidente del Frente de Maricultores de Sechura, (Fremarsec), Juan Antón, la empresa habría logrado la concesión de estas plataformas en gobiernos anteriores; sin embargo, dejó en claro que estas no cuentan con la venia de las autoridades locales.
“Es decir, ahora Savia pretende enraizar todo su proyecto, desde San Pedro a Punta Lagunas para explotar hidrocarburos, el cual consideramos perjudicial para la sostenibilidad de la bahía y el recurso hidrobiológico”, acotó.
Al respecto, la compañía prefiere dejar en duda a la población y no brindar declaraciones a la prensa sobre el caso. Un silencio que para los pescadores significa asumir la gravedad del problema.
Piden explicaciones
Ante esta situación el área de Desarrollo Económico Local de la comuna sechurana ha solicitado mediante oficio Nº 15-2015, a la Comisión de Medio Ambiente y Ecología del Congreso de la República, investigar el pasivo ubicado en la zona adyacente de las plataformas SP1A y ES1.
Asimismo que se estudie la legalidad de las operaciones de dichas plataformas, pues no cuentan con ninguna licencia otorgada por las autoridades locales, y los resultados sean expuestos a la opinión pública.
“Quizás se siga la misma política de hacer creer a la población que estas plataformas no afectan a la calidad ambiental de la bahía; estas no cuentan con licencia social de la provincia, en consecuencia, no se conoce su EIA, tampoco datos de fiscalización pertinente”, cita el documento.
“Sechura no es cualquier bahía, es un banco natural de especies marinas que no se encuentran en otro litoral”
El ex consejero por Sechura, Alex Ipanaqué Sánchez, recordó a las autoridades nacionales la importancia de la bahía, la cual históricamente se conoce como el único banco natural de diferentes especies marinas, entre ellas la concha de abanico.
Esto debido a la confluencia de las dos corrientes de El Niño y la de Humboldt, que convierten al mar de Sechura en el hábitat perfecto de varias especies, que no se logran encontrar en ninguna otra parte del litoral peruano.
Es por ello, añadió Ipanaqué, que se requieren de estudios profundos para garantizar que este banco no sea deteriorado con los proyectos de extracción como Punta Lagunas, que pretenden realizar Savia en la zona.
Aun cuando se hayan levantado todas la observaciones del EIA, lo cual no garantiza que estas operaciones se realicen sin causar daño ambiental, en caso de ocasionarse algún derrame, perjudicaría a la maricultura, porque la Unión Europea le cerraría el mercado.
Ante ello recomendó al gobernador regional Reynaldo Hilbck hacer suyo el problema y como representante de la región salvaguardar los intereses del pueblo de Sechura, que tiene a la pesca como su principal actividad económica.
Asimismo instó a la autoridad regional liderar la problemática y promover el diálogo con la empresa para evitar que se desencadene el conflicto social que aún sigue latente en la provincia.
“El gobierno central está haciendo las cosas de espaldas a la población pero ahora las autoridades del gobierno regional tienen el deber de defender los intereses del pueblo y garantizar que no se perjudique la actividad pesquera”, puntualizó.
Respalda la actividad pesquera en su zona
El alcalde de la provincia de Sechura, Armando Arévalo, mostró su desacuerdo con el proyecto gasífero y exigió a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas respetar la actividad pesquera que se practica en la bahía. Además solicitó investigar la manera “oscura” en que se aprobó el EIA.
Según la autoridad edil, defenderá la actividad pesquera que se desarrolla en la provincia y la cual se ve amenazada por el proyecto, sobre todo la maricultura, que genera miles de puesto de trabajo, contrario al proyecto que solo genera 68 empleos directos.
“Ha quedado claro la vinculación de la empresa con el ministro, lo cual pone en evidencia la forma cómo se manejan estos proyectos en el país para priorizar una actividad que puede ser perjudicial para la provincia”, señaló.
Ante ello manifestó que solicitará la activa participación de la Dirección de Producción para reactivar las mesas de diálogo con la empresa y pedirle explicaciones sobre la presunta explotación del crudo.
Por: Giannina Prieto Durand
Fuente: La República
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